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domingo, 6 de diciembre de 2015

Política, políticos y toros

Después de los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales y de las consecuencias que ello ha traído al mundo del toro, muchos se movilizan en estos días previos a las elecciones generales reclamando a los partidos una postura clara respecto a la tauromaquia en sus programas electorales y en sus declaraciones públicas. Como si de ellos dependiera la supervivencia de nuestra afición. Como si no hubiera razones económicas, morales y sociales más relevantes que la tauromaquia para decidir un voto.
Pero lo que resulta terrible es que puede ser que los políticos tengan bastante que decir sobre lo taurino. Lo cual no puede considerarse sino un desatino consecuencia, por un lado, de la dejadez y los complejos de los de dentro (taurinos) y, por otro, de una sociedad que, temerosa de la libertad, exige a los poderes públicos que regulen hasta los aspectos más nimios de la convivencia. Veamos.
Siempre me ha parecido asombroso, como jurista, la existencia del Reglamento taurino. Y, sobre todo, la defensa que del mismo hacen los aficionados como instrumento para preservar “la pureza de la Fiesta”. Que una actividad cultural y lúdica como la taurina requiera para su organización que la autoridad pública diga cuándo y cómo puede celebrarse (“con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide”), cuáles son los requisitos que deben cumplir los toros, y los toreros, cuánto tiempo deben durar las faenas, por qué razones deben darse los trofeos,… es tan absurdo como si hubiera una normativa que regulara cuándo y cómo pueden celebrarse espectáculos teatrales, quiénes pueden ser actores, cuánto deben durar las obras, qué adaptaciones caben o no de las obras clásicas o que un funcionario público dictaminara en cada función cuántas veces pueden saludar los actores. Absurdo, ¿no? Pues no lo es menos en el toreo. Delegar en la autoridad la defensa de la pureza de la Fiesta porque si no los de dentro son unos sinvergüenzas que nos van a engañar es tan patético como si se hiciera para el teatro, la zarzuela, el flamenco o la ópera. Donde la catadura moral de actores y empresarios probablemente no difiera mucho de la de los taurinos, lo cual no dice nada bueno ni de unos ni de otros.
Junto a esto, que por una mezcla de tradición y exigencia de los aficionados perpetúa la intervención administrativa en la Fiesta, hay otro elemento que pone la tauromaquia en manos de los gobernantes: la propiedad pública de muchos de los cosos. Ya lo he indicado muchas veces en este mismo blog y no me cansaré de hacerlo: en esto reside nuestra principal debilidad. Sin la propiedad de los cosos, una posición adversa de las administraciones estrangula el espectáculo sin necesidad de prohibirlo. Lo cual sería perfectamente lícito y democrático, cosa que no sucede con la prohibición. Y esto ya ha empezado a pasar y sus consecuencias las veremos incrementarse la próxima temporada, sobre todo en cosos pequeños.
Por tanto, tenemos una preceptiva intervención administrativa exigida por la tradición y por muchos aficionados y una propiedad pública de los cosos que pone en manos de nuestras autoridades la posibilidad de celebrar festejos taurinos.
Pero por si esto no fuera bastante, tenemos una sociedad que, cada vez con mayor virulencia, exige que los estados prohíban todo aquello que no consideran bueno, conveniente o moralmente apropiado. No solo aquello que pone en peligro la convivencia social (robar, matar, abusar de un menor,…) o que es manifiestamente inadmisible porque incide en la libertad y seguridad de los otros (simular una profesión sin tenerla, no auxiliar a un herido en un accidente,…), sino aquello que no se considera bueno o que solo pone en peligro a uno mismo (cinturón de seguridad, beber en la calle, tomar según qué cosas, etc.). Hace unos días, Sánchez Dragó publicaba un polémico artículo con ocasión del cuarenta aniversario de la muerte de Franco en el que afirmaba que él, ahora, era menos libre que en 1975. Más alá de la evidente boutade que supone minusvalorar la actual existencia de derechos y libertades básicos antes inexistentes (libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de prensa, de creación de partidos políticos,…) el artículo ponía la mano en la llaga sobre un hecho que tiene poco que ver con el tránsito en nuestro país de la dictadura a la democracia y que se refiere a una tendencia constante en los países occidentales: el miedo a la libertad. Un miedo que ha conducido a exigir que los estados regulen ámbitos que tradicionalmente se consideraban exentos de la presencia de lo público y exclusivamente restringidos a la libertad individual. La mayoría de la sociedad trata de que se prohíba la comida que no es sana, los comportamientos de riesgos, que se impongan conductas saludables o moralmente adecuadas,… O que se prohíban ciertos comportamientos por el riesgo de que, en algunos casos, puedan suponer un abuso, aunque en otros muchos casos ese mismo comportamiento no implique abuso de ningún tipo.
En definitiva, cada vez son más los que tratan de que su particular catecismo respecto a la cultura, la convivencia, la educación, los valores, lo políticamente correcto, la comida, los animales, los menores,… se convierta en Código Penal. Hemos abdicado, como sociedad, de la apasionante aventura y los riesgos de ser libres para trasladar al Estado la facultad de protegernos y cuidarnos, aunque sea impidiéndonos comportarnos como ciudadanos adultos.
Para la tauromaquia, un espectáculo que exalta la más profunda de las libertades: la de poner en riesgo la propia vida luchando con un animal solo por el hecho de sentirse más pleno y libre (el que lo ejecuta), permitiendo que otros (los que lo contemplan) aprecien la belleza y la verdad como solo en un acto tan tremendamente real puede sentirse, este miedo a la libertad es absolutamente letal.

Por todo ello, sería irresponsable votar solo o fundamentalmente el 20 de diciembre en función de lo que dicen (o lo que imaginamos que van a hacer) los partidos en relación con la tauromaquia. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que los resultados de estas elecciones en combinación con los de las autonómicas y municipales van a incidir de forma relevante en el porvenir de la Fiesta.